Los municipios de la segunda corona metropolitana han vuelto a levantar la voz para reclamar la ayuda de las administraciones para hacer frente a una práctica delictiva que crece descontroladamente, como son las ocupaciones ilegales de viviendas, especialmente las asociadas a grupos organizados, las mafias de la vivienda que convierten una carencia social en un acto delictivo.
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